Logro histórico para las empleadas del hogar

El gobierno ha hecho efectiva la modificación de la ley que rige a las trabajadoras domesticas permitiéndoles optar al paro y protegiéndolas contra los despidos improcedentes.

Aunque pueda resultar difícil de imaginar, hace tan solo unos días el gobierno español cambió las leyes que regulaban a las trabajadoras del hogar para proporcionarles, entre otras cosas, derecho a la prestación por desempleo. De hecho, tuvo que ser Mariana, una trabajadora del hogar de Galicia, la que pusiera el grito en el cielo denunciando junto a su empleadora a la seguridad social. En febrero de este año, el tribunal de justicia europeo (TJUE) concluía que el trato de nuestro país con estas trabajadoras era, textualmente, discriminatorio e iba claramente en contra de la regulación en igualdad entre mujeres y hombres. Para que este cambio histórico en la legislación laboral se llevase a cabo, han hecho falta muchos años de lucha por parte de este colectivo.

Fuente: Pixabay

Esta discriminación que se señalaba desde el tribunal de justicia de la unión europea, se justifica por una diferenciación clara entre las mujeres de este sector y otros trabajadores en regímenes similares. El hecho de que los empleadores sean hogares particulares en vez de empresas era el argumento que permitía a nuestro país no conceder estas prestaciones a las trabajadoras. Además, los diferentes gobiernos y la tesorería general de la seguridad social alegaban que de esta manera se podría luchar mejor contra el fraude a la seguridad social y el trabajo ilegal.

Lo que no se citaba es que este era el único grupo que no disponía de estas prestaciones a pesar de haber otros con características muy similares que sí podían disfrutar de estos beneficios laborales. Según señalaba la vicepresidenta del gobierno y ministra de trabajo Yolanda Diaz, esta discriminación venía dándose por el hecho de que la inmensa mayoría de las personas que se acaban dedicando a la ayuda a domicilio son mujeres (y, en muchos casos, extranjeras). De hecho, cómo se podrá comprobar en este artículo, se hablará siempre en femenino ya que la presencia masculina del sector es casi anecdótica.

Derecho a la prestación por desempleo y protección contra el despido

Entre las muchas desventajas sangrantes que tenían que soportar las empleadas, las más destacables tenían que ver, como se apuntaba anteriormente, con él no derecho a cobrar el paro y la posibilidad de acabar despedidas en casi cualquier momento. A partir de ahora, se exponen una serie de motivos por los cuales estará justificado el despido de una trabajadora y a los cuales ha de ceñirse la persona que contrate estos servicios.

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De esta manera, toda la incertidumbre a la que estaban sometidas las empleadas del hogar mejorará de algún modo a partir del 1 de octubre (o el 1 de enero según el caso). No obstante, cabe señalar un matiz importante con respecto al derecho a cobrar el paro. Solo podrán hacerlo aquellas mujeres que hayan cotizado, como mínimo, durante un año teniendo derecho a la prestación mínima. Aquellas mujeres cuyos contratos finalicen antes de octubre de 2023 no podrán disfrutar de la prestación por desempleo. Con lo cual, todavía no se puede hablar de una equiparación total con respecto a otros sectores con características similares.

Los supuestos que aseguran que un despido sea de forma procedente son los siguientes: disminución acreditada de los ingresos por parte de la persona empleadora o aumento significativo de los gastos de manera inesperada. Además, la unidad familiar para la que trabaje la empleada podrá realizar una rescisión del contrato por una falta fundamentada de confianza con la trabajadora o si se alteran considerablemente las necesidades de dicha familia. Este último supuesto no deja de ser ambiguo y subjetivo y podría, a la larga, traer conflictos entre las trabajadoras y sus empleadores. Por supuesto, todas aquellas trabajadoras del hogar están también amparadas por el salario mínimo interprofesional que, actualmente, se sitúa en los 1000 euros en 14 pagas anuales.

La importancia de los servicios de ayuda a domicilio

Aproximadamente, unas 400.000 personas se verán beneficiadas por la medida que el pasado 6 de septiembre puso en vigor el ministerio de trabajo. No obstante, esta cifra puede estar sujeta a variaciones ya que son numerosos los casos de empleadas que trabajan sin estar dadas de alta en la seguridad social. Alrededor de unas 150.000 trabajadoras más. Este número es el que realmente importa si tenemos en cuenta las grandes particularidades que tienen las empleadas de hogar. Si bien es cierto que la legislación ha dado un paso adelante para permitirles cobrar el paro y darles ciertas seguridades en materia de trabajo, siguen siendo numerosos los casos de trabajadoras migrantes que tienen que soportar condiciones abusivas desarrollando su empleo.

Empleada de hogar

Al hablar de cifras estimadas no podemos poner de manifiesto cuál es la magnitud real del problema que sufren las empleadas del hogar que trabajan de forma irregular. No obstante, se estima que un tercio de las trabajadoras operan de esta forma según un estudio de la organización internacional del trabajo (OIT). La precariedad, en muchas ocasiones, es la tónica general de esta gente que se ve entre la espada y la pared al tener que aceptar trabajos abusivos para poder conseguir, en el futuro, la nacionalidad. Además, muchas de ellas se ven obligadas a cumplir regímenes internos para poder tener un techo donde dormir cumpliendo horarios abusivos que claramente exceden las normas laborales.

A raíz de esta novedad, se ha puesto de manifiesto la importancia del trabajo que desempeñan las empleadas del hogar. No resulta difícil pensar qué, en muchas ocasiones, sin ellas conciliar la vida laboral con la vida personal y las responsabilidades del día a día puede resultar una tarea casi imposible. Sin ir mas lejos, España es el segundo país de Europa y Asia central que emplea a más mujeres en el ámbito doméstico según una encuesta realizada también por la OIT. Por primera vez en la historia se ha escuchado a un colectivo claramente discriminado que realizaba una labor vital para el apuntalamiento de la economía.