El pasado martes día 3 de diciembre, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy (Sumar), anunció una reforma significativa de la ley de dependencia. Esta actualización de la ley pretende hacer efectivo el texto del artículo 49 de la Constitución que ya fue modificado en febrero de este mismo año.
El artículo 49 de la constitución hace referencia a la autonomía de las personas con discapacidad o con algún grado de dependencia. En él, se cita la responsabilidad del estado español de garantizar la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas que son de una manera u otra dependientes.
A pesar de que este texto es claro y contundente, la realidad de muchas personas con algún grado de dependencia está llena de incertidumbre y de trabas administrativas que impiden que la ayuda llegue de manera eficiente.
Por ello, el ministro Bustinduy se ha marcado como objetivo que el mandato de este artículo de la constitución sea de política pública. De esta manera, serán los gobiernos quienes pongan en marcha las leyes pertinentes para hacer efectivo el texto.
Esta noticia y esta voluntad por parte del ministro puede suponer una importante mejora para la vida de las personas dependientes y de su entorno.
Ley de dependencia: Qué es y cómo funciona
La ley de dependencia es una norma puesta en marcha en el año 2007 cuyo objetivo es garantizar la inclusividad social de aquellas personas que, por las circunstancias que sean, dependen de otras para llevar a cabo un día a día normal.
Esta ley ofrece a las personas con estos casos, ayudas económicas para financiar los costes que supone el mero hecho de ser dependientes.
Además, la ley de dependencia (Ley de Promoción de la Autonomía Persona y Atención a las Personas en Situación de Dependencia) puso en marcha en su año de nacimiento una serie de metas más específicas para luchar contra la exclusión social de las personas dependientes:
- Creación del sistema SAAD: El Sistema para la Autonomía y Atención a la dependencia es un mecanismo estructurado que coordina a las diferentes administraciones públicas para que los recursos puedan llegar a las personas que solicitan la ley de dependencia
- Reconocimiento de la problemática que supone la dependencia: La ley de dependencia del año 2007 puso de manifiesto una realidad que, durante décadas, estaba siendo obviada por una parte importante de la sociedad.
Con su puesta en marcha, el país se comprometió a abordar el problema de manera directa a pesar de la polémica que supuso en su momento por el tema presupuestario.
A día de hoy, a pesar de que la ley tiene muchas deficiencias y hay un gran problema derivado de la espera para recibir las ayudas, la ley y el problema de la dependencia están ya bien asimilados.
La ley de dependencia además supuso un gran cambio para aquellas personas que, de alguna manera, estaban todavía más invisibilizadas que los propios afectados: Los familiares y las personas cercanas a los afectados.
Mediante sucesivas reformas de la ley, los derechos de los cuidadores de las personas afectadas también han ido mejorando a pequeños pasos. A día de hoy, sus reinvindicaciones y luchas poco a poco van ganando peso dentro del marco general que supone la dependencia.
El funcionamiento y la aplicación de la ley
La aplicación de la ley de dependencia en España sigue una lógica que, de primeras, resulta muy sencilla y eficaz:
Una persona que, por el motivo que sea, nota que su vida ha comenzado a entrar en una fase en la cual ya no puede valerse por sí misma y necesita de otra para mantener una rutina digna, solicita, por derecho, las ayudas públicas que ofrece esta ley.
En un contexto teórico e idílico, el caso en cuestión es estudiado por la administración pública para definir qué grado de dependencia tiene el afectado y, en consecuencia, qué ayudas recibirá para financiar los costes de su dolencia.
Este debería ser, de modo resumido, la dinámica y el funcionamiento de la ley de dependencia. No obstante, la realidad suele ser muy diferente al marco teórico:
En España, la ley de dependencia es una competencia de las comunidades autónomas. Estas, son las encargadas de construir y coordinar a sus diferentes instituciones para que todo el proceso anteriormente expuesto se lleve a cabo.
Por lo tanto, no es lo mismo ser una persona dependiente en Canarias que serlo en Navarra. Los principales problemas históricos a los que se enfrenta la ley de dependencia en lo que se refiere a funcionamiento son los siguientes:
- Limbo de dependencia: El concepto de limbo de dependencia hace referencia al estado en el que se encuentran aquellas personas reconocidas como dependientes por dicha ley y que se encuentran a la espera de recibir unas ayudas que les corresponden por derecho.
En nuestro país, solo en el año 2023, fallecieron más de 40.000 personas en esta situación sin poder recibir unas ayudas que garantizasen una vida mucho más digna. Unas ayudas que, insistimos, les hubiese correspondido por derecho recibir. - Falta de coordinación en la tipología de las ayudas: Uno de los puntos en los que ha hecho hincapié el ministro Bustinduy tiene que ver con el hecho de poder hacer un seguimiento más exhaustivo de los casos para que las ayudas sean los más eficientes posibles.
De esta manera, los pacientes pueden recibir varios tipos de ayudas (por ejemplo, una teleasistencia combinada con un copago para costear un cuidador) que cumplan con el objetivo último de facilitar de manera efectiva la vida del afectado. - Falta de cuidadores y de personal: Según eldiario.es el sector de la dependencia en la actualidad se enfrenta a un problema que, aunque no es nuevo, puede ir a peor en caso de que no se haga nada para paliarlo.
Según lo que apunta este diario, España necesitará de aquí a 2040, 200.000 nuevos empleados y empleadas que puedan cubrir una demanda de personas dependientes que va en aumento.
A día de hoy, 2,13 millones de personas en nuestro país ya han solicitado una prestación para la dependencia. Este dato supone una crecida del 12% en tan solo 5 años.
Principales cambios de la reforma de la ley de dependencia
A pesar de que la ley de dependencia ha pasado ya por varias fases de cambio (una en el año 2013 importante con bastantes restricciones y otra en el 2019), esta nueva transformación de la ley promete ser una de las más ambiciosas desde su creación.
En el año 2019, el gobierno de Pedro Sanchez restableció, después de que Mariano Rajoy la suprimiera, la obligación de que los cuidadores no profesionales tuviesen que estar dados de alta en la seguridad social para ejercer lo que se entiende como un trabajo.
El papel de los amigos en la nueva ley
A día de hoy, y a la vista de futura demanda de cuidadores, el ministro Bustinduy deja abierta la opción de que estos cuidadores no profesionales sean los propios amigos de las personas discapacitadas o dependientes.
Además de anticiparse a esta falta de cuidadores, la ley pretende actualizarse y considerar a aquellas personas que no necesariamente tienen que vivir con sus parejas, progenitores o descendientes.
Para poder ser considerado como cuidador, la persona interesada tendrá que solicitar un certificado de antecedentes de delitos sexuales.
Además, para evitar trabas burocráticas, se concederá a las personas con una dependencia reconocida el 33% de la discapacidad de manera automática estableciendo la accesibilidad universal como un derecho.
Las mujeres y los niños, tal y como se recoge en el artículo 49 de la constitución, son vistos a través de la norma como dos colectivos que merecen especial atención y se pretende protegerlos de manera más reforzada.
Por si fuera poco, las prestaciones (que siempre recibe la persona dependiente) serán, en teoría, más altas que nunca para estos cuidadores.
Eliminación del periodo suspensivo
En el año 2012, con plena crisis económica haciendo estragos en el funcionamiento del país, el gobierno de Mariano Rajoy aplicó un decreto ley que afectó de manera directa a las personas dependientes de España.
Ese decreto, que a día de hoy aún sigue vigente en algunas comunidades como Madrid, permite a los gobiernos autonómicos gestionar durante 24 meses el pago de la prestación a la que tiene derecho la persona dependiente. Es decir, durante 2 años, el pago podía quedar paralizado sin que hubiese ninguna compensación posterior.
Con esta nueva reforma de la ley, este decreto queda suprimido y no habrá un plazo de activación para conceder las ayudas a las personas dependientes.
El enfoque comunitario
La modificación de la ley contempla que el afectado pueda recibir apoyo, asistencia o cuidados fuera de casa si así lo necesita.
Este nuevo enfoque es una respuesta directa al ineficiente modelo que hace incompatibles dos o más servicios simultáneos para la misma persona dependiente.
Análisis y reinterpretación de conceptos
Algunos conceptos como “Actividades básicas” o “Actividades instrumentales” se suprimen del texto de la ley para actualizarlos con otros basados en la Convención de Derechos de las Personas Discapacitadas de la ONU.
De esta manera, se amplía la interpretación del significado “actividades” y se añaden otros supuestos que deberían poder realizar las personas dependientes con un grado mayor de independencia gracias a las ayudas que ofrece la ley.
De hecho, sin ir más lejos, la palabra autonomía es crucial para entender como funciona o como pretende funcionar esta nueva ley. La autonomía contempla un plan de vida a largo plazo así como la capacidad de poder decidir sobre la mayoría de aspectos vitales de la persona.
La teleasistencia como derecho subjetivo
Aunque a día de hoy la mayoría de comunidades autónomas contemplan la teleasistencia como un derecho prácticamente universal, todavía hay algunas que no lo tienen como tal.
A partir de la puesta en marcha de la ley, comenzará a ser así en todo el país.
La solicitud de las ayudas a la dependencia
Para poder solicitar las ayudas que ofrece la ley de dependencia, el afectado, sus familiares o amigos (en caso de que la persona afectada no pueda valerse por sí misma) tiene que cumplir con una serie de requisitos.
A pesar de que esta es una ley de ámbito nacional, no hay que olvidar que son las comunidades autónomas las encargadas de tramitar y gestionar las diferentes solicitudes que vayan entrando en sus administraciones. Por lo tanto, puede haber ligeras variaciones entre unas u otras.
- Tener la nacionalidad española o bien haber estado residiendo en el país durante 5 años (dos de esos años tienen que ser inmediatamente anteriores al momento de la petición).
- Ser reconocido como persona dependiente. Para ello, las instituciones pertinentes de cada comunidad autónoma se ponen a disposición del solicitante para analizar el caso y determinar qué tipo de dependencia tiene. Como bien apuntábamos anteriormente, la nueva ley concederá de manera automática el 33% de la discapacidad a las personas que sean reconocidas como dependientes.
- Presentar los siguientes documentos: Certificado de empadronamiento, informe médico que acredite el estado de dependencia y el informe social que evalúe la situación sociofamiliar. Además se suele pedir una declaración de ingresos y patrimonio.
Independientemente del grado de dependencia que se tenga, el paciente una vez llegado a este punto tendrá que ser evaluado por los servicios sociales de la comunidad autónoma para determinar qué prestación se ajusta más al caso.
El impacto de la nueva ley en la conciliación
El hecho de ampliar el espectro de personas que puedan dedicarse a los cuidados no profesionales de personas dependientes va en clara sintonía con la conciliación de sus vidas.
Los familiares de las personas dependientes que también pueden ser cuidadores no profesionales, pueden delegar algunas de las tareas en los amigos de los afectados con los beneficios que esto conlleva para las dos partes.
Por un lado, la carga y la responsabilidad del cuidado se reparte entre más personas y, por otro, los amigos pueden suponer una ayuda y un apoyo diferente al que pueda aportar un familiar.
A día de hoy, los cuidadores no profesionales tienen estos mecanismos y sistemas para conciliar sus vidas profesionales y personales además de las retribuciones por su trabajo:
- Flexibilidad laboral y permisos: La actual legislación española contempla permisos y reducciones de jornada para los cuidadores no profesionales. Aquí también entrar permisos en casos excepcionales de emergencia médica.
- Programas y servicios para aliviar la carga del cuidador: En España existen programas como “Respiro familiar” para descongestionar la carga de los cuidadores no profesionales. Las familias o los amigos pueden llevar a sus seres queridos a centros de día o residencias durante periodos de tiempo intermitentes con este fin.
- Ayuda personalizada a domicilio: La ley de dependencia también ofrece asistencia de profesionales personalizada en casa.
Por su parte, en nuestro portal Domestiko.com existen multitud de perfiles de cuidadores profesionales y no profesionales con los que contactar de manera sencilla e inmediata. Asi mismo, existen recursos para las propias personas dependientes y más tipos de profesionales que pueden ser de gran ayuda como los terapeutas ocupacionales o los fisioterapeutas.
Referencias
- https://www.eldiario.es/sociedad/reforma-ley-dependencia-amplia-ayudas-cuidado-familiar-amigos_1_11872967.html
- https://www.eldiario.es/sociedad/busca-cuidadora-espana-asoma-abismo-no-encontrar-trabajadoras_1_11761702.html
- https://www.mdsocialesa2030.gob.es/comunicacion/noticias/derechos-sociales/20240507-reforma-leyes-dependencia-discapacidad.htm
- https://www.domestiko.com/blog/el-estado-de-la-ley-de-dependencia-en-espana
- https://prensasocial.es/ley-de-dependencia-la-reforma-de-la-ley-amplia-las-ayudas-por-cuidado-familiar-a-los-amigos/
- https://www.elrincondelcuidador.es/otros-cuidados/que-servicios-y-prestaciones-economicas-ofrece-la-ley-de-dependencia
- https://dependencia.info/noticia/7508/actualidad/mayte-sancho-adelanta-publicamente-las-lineas-esenciales-de-la-reforma-de-la-ley-de-dependencia.html
