La ley de dependencia en España, aprobada en el año 2006 y puesta en marcha en el 2007, supuso un importantísimo avance hacia la inclusividad y los derechos sociales. Esta ley, aunque trajo consigo grandes retos financieros y administrativos, ha mejorado desde su puesta en marcha la vida de muchas personas y ha puesto de manifiesto la gran cantidad de gente que la necesita.
A través de esta normativa, las personas en situación de dependencia o discapacidad pueden solicitar ayudas (habitualmente económicas) para costear los problemas derivados de sus dolencias. En otros casos, estas ayudas pueden ser para costear residencias o para recibir servicios de asistencia a domicilio.
De hecho, estos subsidios también contemplan la posibilidad de echar una mano a los familiares de las personas dependientes para mejorar la conciliación laboral y familiar. Con todo, la ley de dependencia pretende que haya mayor igualdad de condiciones para todos.
No obstante, cuando la ley de dependencia está a punto de cumplir su decimoséptimo cumpleaños, todavía no se han resuelto todos los problemas y desafíos que se intuían en el momento de su nacimiento.
Sin ir más lejos, a día de hoy son muchas las personas que todavía están a la espera de recibir sus subsidios después de mucho tiempo. Además, el acceso a los trámites y la burocracia para solicitarla puede suponer una traba importante para muchas personas.
La tendencia demográfica de España
A pesar de que un importante número de las personas que se benefician de la ley de dependencia son discapacitados o sufren de algún tipo de incapacidad física o intelectual, la gran mayoría lo hacen por los meros estragos de la edad. Según apunta Jose Manuel Ramírez Navarro, presidente del Observatorio estatal de dependencia, el 53% de las personas dependientes tienen más de 80 años.
España es uno de los países de la unión europea que ya afronta en la actualidad un problema demográfico importante. Nuestro país es uno de los más envejecidos del conjunto europeo y la tendencia va a más. De hecho, la esperanza de vida cada vez es mayor debido a los avances médicos y tecnológicos.
Por si fuera poco, las tasas de natalidad han ido descendiendo paulatinamente en los últimos años revirtiendo la pirámide demográfica.
Si bien es cierto que es una gran noticia que la gente viva más y lo haga de una manera cómoda, esto no quita que haya retos importantes que superar a nivel demográfico en el futuro. Los inconvenientes sociales y económicos que se derivan de este hecho demográfico son claros:
- Un incremento significativo de la atención médica conforme pasen los años para las personas que se hagan mayores
- Una subida de la financiación autonómica para la atención de las personas que se acojan a la ley de dependencia
- Una mayor presión sobre las administraciones autonómicas para gestionar las ayudas a la ley de dependencia
- Una mayor desigualdad regional entre las autonomías con poblaciones más jóvenes y las otras con poblaciones más ancianas
Estos dos últimos puntos son muy importantes a la hora de entender algunos de los problemas que en el futuro puede afrontar la ley de dependencia. Es importante recordar que son las comunidades autónomas las encargadas de gestionar todos los trámites referidos a esta ley. Son ellas quienes deciden quién puede optar a las ayudas, cuando y cuál será la cifra a repartir.
Los baremos que utilizan las administraciones publicas para decidir cómo se gestiona la ley de dependencia están al alcance de los ciudadanos. No obstante, la realidad es que los procesos burocráticos han hecho que en estos casi 17 años hayan habido multitud de problemas relacionados, sobre todo, con los tiempos para recibir los subsidios.
Los datos poblacionales de España
Según los datos del INE, a día de hoy en España 1 de cada 5 habitantes tiene 65 años o más. Es decir, el 20% de la población se encuentra en el eslabón de edad de lo que antes se consideraba como el rango de jubilación. Este dato también pone de manifiesto que en nuestro país, son más las personas comprendidas en esta horquilla de edad que los jóvenes de 20 años o menos.
El INE también apunta a que en 2050, el 30,4% de la población española tendrá más de 64 años y en 2037 será del 26%.
Desde que se aprobase la ley de dependencia en el año 2007, la cifra de personas que se han inscrito en el registro para beneficiarse de ella han ido en aumento. En el 2023, casi un millón y medio de personas se encuentran en una situación de dependencia y otras 131.000 están pendientes de ser valoradas.
Al reflexionar sobre estos datos no cabe duda de que para el estado de bienestar español es imprescindible contar con una ley de estas características. No obstante, tal y como se apuntaba anteriormente, el funcionamiento de la misma no es en todos los casos el que debería ser.
Dependiendo de a qué comunidad autónoma pertenezca el paciente, habrá una mejor o peor gestión de la ley de dependencia y los tiempos de espera para recibir las ayudas variaran de manera significativa. Por lo tanto, no es lo mismo ser una persona dependiente en Castilla León que en Murcia.
Los tiempos de espera de las comunidades autónomas para recibir ayudas
El tiempo promedio para recibir las ayudas a ley de dependencia fue de 344 días en el año 2022 para el conjunto de España. Sin embargo, La propia ley de dependencia, recoge que el periodo máximo de tiempo para recibir la cuantía que haya establecido la administración es de 6 meses.
A día de hoy, aproximadamente unas 300.000 personas se encuentran todavía a la espera de recibir sus subsidios. La paradoja es que, precisamente, la gran mayoría de estas personas no cuentan con demasiado tiempo para esperar y son muchos los casos de fallecimientos previos a la recepción de las ayudas.
La propia Asociación de directores de servicios sociales apunta que diariamente mueren de media 124 personas dependientes a la espera de recibir sus ayudas. Además, según el Observatorio estatal de dependencia, un 44,6% de las personas desatendidas son de grado II o III cuyas necesidades son urgentes en muchos casos.
Solo Castilla León, Euskadi, Cantabria y Navarra cumplen con lo dispuesto en la ley en lo que a cumplimiento de plazos se refiere después de declarar a alguien como dependiente.
Este es sin duda uno de los punto más contradictorios de la ley y sirve como punto de partida para hacer una evaluación de la situación de la misma. Entre los casos más graves de espera en las comunidades autónomas se encuentran las siguientes
- Canarias con 977 días de media (casi tres años de espera)
- Andalucía 544 días de media
- Murcia con 486 días de media
- Extremadura 381 días de media
- Madrid 368 días de media
- Galicia 364 días de media
- Valencia 300 días de media
- Cataluña 295 días de media
El plan de choque en dependencia
Con el fin de paliar este y otros problemas de gestión de la ley de dependencia, el gobierno central aprobó el 18 de enero de 2021 el llamado “Plan de choque en dependencia”. Este paquete de medidas, vino a modificar los recortes que se produjeron durante los años posteriores a la crisis económica del 2008 (recortes efectuados primordialmente en el año 2012).
El ministerio de derechos sociales y agenda 2030 fue el encargado de impulsar esta modificación. Según la propia página web de la Moncloa, el plan de choque está destinado a conseguir los siguientes objetivos mediante un aumento de la financiación para las autonomías:
- Reducir la lista de espera y los tiempos de tramitación para ser valorado como dependiente
- Introducir mejoras en los servicios recibidos por las personas dependientes
- Garantizar las condiciones laborales de los profesionales que se dediquen a los SAAD (Sistema para la autonomía y atención a la dependencia)
A pesar de ello, desde el observatorio que preside el ya mencionado Jose Manuel Ramírez Navarro apuntan que, ya desde el primer año del plan de choque, no se hicieron las cosas como deberían.
Según este informe publicado por el observatorio, muchas de las comunidades autónomas han hecho caja con parte de la financiación del gobierno central a la ley de dependencia. Financiación que, por cierto, ha aumentado gracias al plan de choque y que estas autonomías han destinado a otros fines.
Además, el objetivo del primer año del plan de choque en cuanto a listas de espera consistía en reducir las mismas en 60.000 personas. Pero la realidad es que en el 2021 se redujeron 38.807 y 15.923 en el 2022. Cifras muy por debajo de lo proyectado. Mientras tanto, las personas mueren en lo que comúnmente se ha llamado como “limbo de la dependencia”.
En comunidades como Cataluña, el 27,1% de las personas siguen pendientes de recibir su prestación. Debido a los problemas burocráticos y a la falta de compromiso de algunos de los gobiernos autonómicos, los problemas de la ley de dependencia siguen sin solucionarse y parece que no habrá cambios significativos a corto plazo.
La espera para ser valorado como persona dependiente
La espera también atañe a las personas que han de ser valoradas como dependientes. El plan de choque, al igual que en otros aspectos, se marcó el objetivo de reducir esas esperas. Pero como se ha podido observar, la realidad es bien diferente. De hecho, la espera ha ido en aumento.
Como se apuntaba anteriormente, en el año 2022 más de 131.000 personas quedaron pendientes de recibir su valoración. Estas son 7.214 más que las del año anterior. Desde el Observatorio de la dependencia apuntan que a este ritmo se tardarían 35 años en conseguir que ninguna persona tuviese que esperar para recibir sus ayudas o para ser reconocidas como dependientes.
La realidad de las ayudas recibidas por parte de las familias
Otra de las cuestiones que han estudiado desde el Observatorio de la dependencia tiene que ver con el cuánto. Las cantidades que los pacientes reciben una vez pasado todo el papeleo y la burocracia no son muy generosas y dejan entrever otro problema dentro de la ley de dependencia.
Actualmente 517.000 personas reciben de media un subsidio mensual de 234,96€. Si desgranamos esas cifras por grados de dependencia, las personas de grado I reciben de media 139,6€/mes; las de grado II 240,5€/mes y las de grado III 334,9€/mes. Aunque todos estos datos están sujetos a variaciones en función de cuál sea la comunidad autónoma que gestiona los casos.
Para entender estos datos mejor, una persona dependiente de grado I recibe durante 15 horas al mes estas ayudas económicas. Si nos vamos a las personas dependientes de grado II, estas ayudas se reciben durante 37 horas al mes y durante 57 horas para los de grado III.
Teniendo en cuenta que muchos de estos pacientes precisan atención y cuidados durante gran parte de las horas del día, las aportaciones de la ley de dependencia se ven escasas. Además, las personas dependientes de grado I, en muchas ocasiones, solo reciben la teleasistencia como soporte. Concretamente, son 53.905 personas dependientes de grado I las que se encuentran en esta situación.
Este servicio a domicilio, aunque puede llegar a ser muy útil, se contempla como un añadido de otros que sí puedan suponer una diferencia para las personas en su día a día.
Las ayudas para la cobertura de los costes de las residencias
Si nos referimos a las ayudas que los dependientes reciben para costear los gastos de las residencias, se intuye de nuevo una insuficiente cuantía de dinero. De media, las cantidades por este servicio oscilan los 500 euros mensuales.
Por lo tanto, la gran mayoría de dependientes que reciben este tipo de contribución tendrán que pagar de sus bolsillos el triple de dinero del que reciben por la ley. De media, los costes de las residencias de ancianos en España están comprendidos entre los 1.500 y 3.500 euros.
El retorno económico de la inversión a la ley de dependencia
Si bien es cierto que las cantidades de fondos que hay que destinar para poder cubrir la demanda de personas dependientes es muy elevada, el retorno económico de estas inversiones es bastante optimista.
Y es que por cada millón de euros invertido en la ley de dependencia se crean en nuestro país 41 empleos directos, estables y no deslocalizables. Esta es una de las afirmaciones que sostiene, de nuevo, el presidente del observatorio de la dependencia José Manuel Ramírez.
A día de hoy, el sistema de ayuda a la dependencia emplea a aproximadamente 315.000 profesionales y la tasa de retorno económico se sitúa en el 41,4%. Es decir, de cada euro invertido en dependencia se espera que haya un retorno del 41,4%.
Como bien se apuntaba anteriormente, son muchos los casos en los cuales los propios pacientes tienen que hacerse cargo, económicamente hablando, de la mayoría de los costes derivados de su estado. Concretamente, se estima que la administración pública soportó en el 2022 más de 7.000 millones de euros y otros 1.900 millones se atribuyeron al gasto individual de los pacientes (un 20% del total).
Atendiendo al estudio en cuanto a retorno económico, la administración pública y los gobiernos tampoco están cumpliendo con las expectativas que la ley de dependencia puso sobre la mesa con el ya mencionado plan de choque.
¿Que nota tiene mi comunidad autónoma en cuanto a ley de dependencia?
Por último, el observatorio de la dependencia ha elaborado un informe teniendo en cuenta todas estas variables centrándose en la eficacia de la aplicación de la ley de dependencia. Con él, en una escala del 1 al 10, han podido poner nota al estado de la ley en cada comunidad autónoma.
La media a nivel estatal se sitúa en un cinco raspado. Aprueban 9 comunidades autónomas, de las cuales, Castilla León obtiene un 8,5, Castilla la mancha un 7,9 y Andalucía un 7,6.
Suspenden con creces Murcia, Canarias, Asturias, Cantabria, Cataluña y País Vasco, las cuales no llegan ni al 4. Las demás, se sitúan con notas comprendidas entre el 4 y el 6 (superando esta nota por poco Madrid y Valencia).
